La situación de crisis económica que atraviesa nuestro país, España y la gestión en los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero previos a dicha crisis, debería ser un motivo mas que suficiente para que el actual gobierno y el parlamento en pleno
se planteara la modificación de las leyes penales españolas en referencia a la actuación de sus gobernantes, en cuanto a las acciones de engaño u ocultación de datos a la ciudadanía e incluso de obviar las advertencias en cuanto a la posibilidad de determinados hechos que pudieran causar daños al país, sobre todo cuando se hace por motivos políticos bastardos, como es el mantenerse en el poder por encima de todo.
Un ejemplo a seguir sería el de Islandia donde existe el Landsdómur,
un tribunal especial para casos contra miembros del gobierno. El fiscal Sigridur Fridjonsdottir pide una condena para el ex primer ministro por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los principales bancos islandeses.
Es un tribunal tan especial que nunca antes había actuado desde su creación en 1905, lo que es un signo de seriedad en un país ejemplar.
Se preguntaba Enrique Calatrava en el blog “capital riesgo” de 07/06/2011 http://www.expansion.com/blogs/capitalriesgo/2011/06/07/se-puede-sentar-zapatero-en-el-banquillo.html si eso era posible en España, donde en el pasado se había producido serias llamadas de atención desde diversos organismos ( FMI, BCE, inspectores del Banco de España y UE) al gobierno Zapatero sin que este hubiera hecho absolutamente nada. Por supuesto, existiendo mas motivos que en Islandia, en España no era posible.
No parece que haya que explicar la realidad del engaño y ocultación de datos que de forma continuada se ha venido realizando en los últimos años desde el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero, no hay mas que ir a las hemerotecas o buscar en You Tube (los mayores enemigos de los políticos) diversas declaraciones de altos cargos o incluso ver el debate producido en las anteriores elecciones entre Solbes y Pizarro, negando el primero categóricamente no solo la crisis sino la posibilidad de esta, crisis avanzada ya en aquel momento por muchos organismos y especialistas. 
El autismo político, el engaño y la ocultación de datos parece, al menos por la información que han dado diversos medios de comunicación, que no fue un hecho puntual, sino una estrategia que se ha mantenido hasta el último minuto del traspaso de gobierno.
Las responsabilidades de los gobernantes en España se quedan en ese eufemismo llamado “responsabilidades políticas”, tantas veces esgrimidas por los políticos pero que la mayoría de los ciudadanos sabemos muy bien en que consisten, nada, absolutamente nada.
Tal vez una dimisión, un cambio de líder, un cambio de puesto, en el fondo nada. Para eso están los aparatos de los partidos para cuidar de sus miembros mas destacados, pase lo que pase. Las hemerotecas también pueden ayudarnos a tener una idea de lo que son las responsabilidades políticas.
Contando con que de cualquier manera hubiéramos sido afectado por la crisis, deberíamos preguntarnos sin embargo, si de haber dicho la verdad en su momento, de haber tomado medidas contra la crisis mucho antes, de haber concienciado a la población de que no eramos los “number One”, cuantas empresas se habrían salvado de la crisis, cuantos parados menos tendríamos, cuantos jóvenes españoles no hubieran tenido que irse al extranjero a buscar trabajo, cuantas personas con síntomas de depresión habrían menos, cuantos suicidios menos, cuantas familias desahuciadas tendrían actualmente su casa, cuantos delitos se habrían cometido menos, cuanta personas pasando hambre menos, cuantas familias rotas menos, etc. Sin embargo los que avisaron de la situación fueron nombrados como “traidores a la patria”.
El número de afectados por la ocultación de datos y la falsedad no podemos cuantificarlo por lo tanto es una discusión inútil, puede ser una discusión teórica de economistas, en muchos casos posicionándose en función de su cercanía al gobierno o a grupos de la oposición. Sin embargo el hecho cierto es que existen afectados y eso no admite discusión, el hecho cierto es que nuestros gobernantes mintieron y ocultaron hechos y eso tampoco admite discusión. El hecho cierto es que perjudicaron a muchos ciudadanos, el hecho cierto es que perjudicaron a España.
La obligación de un gobierno es gobernar y hacerlo desde luego con libertad, por supuesto con el programa de su partido y la ideología que este representa, es lo que han votado los ciudadanos. El gobierno tiene derecho a equivocarse y por supuesto a rectificar. Eso y solo eso es lo que debería dilucidarse en cuanto a responsabilidades políticas mediante unas elecciones, mediante cambios de gobiernos o dimisiones. El resto, la ocultación y el engaño debe ser un asunto de tribunales, un delito que bien podría ser el de “lesa patria” o algo similar a lo existente en otros países, lo cual debería generar responsabilidades penales concretas a aquellos gobernantes que causaran daños al país, como en los casos mencionados. Mientras tanto esto no se solucione, muchos seguiremos pensando que es otro motivo para pensar que la justicia en España no es igual para todos y por lo tanto no es justicia.
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