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Las últimas medidas tomadas por el gobierno, dirigidas a controlar y dirigir la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos han vuelto a significar, como cada vez que este gobierno toma una medida  un caos, tanto en la forma como en el fondo. Tanto es así que en menos de 24 horas han tenido que rectificar, dando lugar a contradicciones ministeriales en cuanto a la fecha de aplicación, incluso entre la ministra de economía que hablaba de un “error de imprenta” y el presidente del gobierno que hablaba de una “rectificación” a petición de los afectados, en este caso los ayuntamiento (ha faltado decir gobernados por socialistas).

En primer lugar, ha sido una rectificación de las medidas tomadas hace muy pocos meses en las que se autorizaba a las administraciones locales a confeccionar los presupuestos con un mayor endeudamiento. Pero no solo de la medida, sino también de la argumentación. Me imagino que una de las dos posiciones debe ser equivocada.  ¿Que ha cambiado en la situación de la economía española durante los últimos meses para ello? Objetivamente nada pues la situación económica de España es de crisis aguda, incluso de recesión, desde mucho antes que se tomaran las medidas, tanto las anteriores como las actuales.

En realidad se trata de otra medida, dirigida a reducir el gasto público, impuesta por países amigos (UE y Estados Unidos)  para acabar con la locura que imperaba en nuestro gobierno, no solo no reconociendo su situación de recesión, sino además sacando pecho con el “todo está bien”, “brotes verdes”, “nuestro sistema financiero goza de buena salud” etc., y por lo tanto tomando medidas totalmente opuestas a lo que la situación requería. Es decir las medida ahora tomadas aunque con muchos peros  son mas adecuadas que las anteriores, por supuesto totalmente equivocadas.

Si bien la medida, en términos generales es adecuada, tal vez no se ha perfilado suficientemente y como todas las generalizaciones dan lugar a situaciones injustas.

Como en todos los colectivos, existen situaciones de sus miembros muy dispares, existiendo ayuntamientos mejor y peor gestionados, ayuntamientos con una deuda disparatada y otros que han sabido contener la deuda.  Suele ser bastante común, el que ayuntamientos con un endeudamiento reducido estén dando mejores servicios a sus ciudadanos y esto sea consecuencia no de la casualidad, sino de una buena gestión del equipo municipal. Por otro lado ayuntamiento con elevado endeudamiento suelen coincidir con ayuntamientos mal gestionados y con servicios deficientes. Por cierto esto sucede indistintamente del partido que gobierne.

Por lo tanto, no entendemos una medida generalista como la tomada recientemente en la que el perjudicado va a ser el ayuntamiento con deuda reducida, pues el muy endeudado, estando  ya en el limite de su endeudamiento con la ley anterior no podía endeudarse mas. ¿En que le va a afectar la medida a este último?  Realmente creo que en nada. Con esta medida, como ha ocurrido con cierta frecuencia se prima el despilfarro y la mala gestión frente al buen hacer.

La realidad es que no se ha entrado en el fondo de los problemas existente en el entorno de las administraciones locales:

- Por un lado con la delimitación de las funciones de las administraciones locales frente a las provinciales y autonómicas, evitando a un solapamiento de funciones entre ellas que genera duplicidades de servicios  con un alto grado de ineficacia.

- Por otro atajar el despilfarro y la mala gestión que se ha producido en el pasado en muchos ayuntamientos, entrando por lo tanto en el estudio de los  los casos concretos.

Habría por lo tanto que concretar donde recortar el gasto,  por ejemplo:

- Eliminación de funciones impropias de la administración local  que corresponden a otros organismos (Diputaciones, Gobierno autónomo, etc.) y que actualmente se solapan. En paralelo y mediante leyes concretas, descentralización de las comunidades autónomas, tanto funciones como ingresos.

- Reducciones de las plantillas  de no funcionarios (contratados, asesores, etc) en muchos casos contratados por motivos políticos, de relación familiar o amiguismo.

- Revisar a la baja los diversos contratos que mantienen con empresas de servicios, también en muchos casos con un componente de relación política o familiar.

- Realizar la recaudación de los impuestos de una forma eficaz haciendo que la recaudación ejecutiva se aplique con contundencia.

- Paralizar obras municipales, en muchos casos innecesarias, cuando no suntuarias. Si  es necesario indemnizando al contratista (de forma que no se le perjudique). En muchos casos eso sería mejor que realizar el gasto de la obra en su totalidad.

- Refinanciando la deuda financiera con la entidades crediticias. Al igual que están haciendo o han hecho otros sectores económicos en situación difícil. No importaría y se podría hacer con el aval del Estado central.

- Vendiendo patrimonio.

Por otro lado y en casos extremos, porque no, reconocer situaciones de hecho, como es la existencia de ayuntamientos que realmente están en situación de quiebra o concurso. No entiendo porque no se modifica la ley (desconozco si con la actual  se puede) de forma que, al igual que en las empresas, se aparte de la gestión municipal a aquellos que han creado estas situaciones y de una forma ordenada, bajo supervisión judicial o de órganos apropiados para ello, se reordenen las cuentas de dichos ayuntamientos volviéndolas al equilibrio.

Tal vez se trate de medidas excesivamente duras pero la situación lo requiere. Sería una forma de poner encima de la mesa la calidad de la gestión municipal de los distintos gobiernos municipales, lo cual con seguridad afectaría a la decisión en el voto en las siguientes elecciones.

¿Tal vez es ese el problema?

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